Universidades

Nuevos estudiantes, más graduados, desarrollo de la investigación, alto prestigio social… ¿Por qué están cuestionadas las universidades públicas?

En las últimas décadas, el sistema universitario argentino asumió de modo discontinuo, pero ya sin vuelta atrás, su condición de democrático y masificado: hoy cuenta con 56 universidades nacionales, dos millones de estudiantes, una de las tasas de asistencia a la universidad más altas de América Latina y una cantidad anual de egresados que se ha duplicado entre el año 2000 y el presente. De modo inesperado, el debate sobre las altas casas de estudio se ha vuelto a vincular con los problemas presupuestarios y con algunos cuestionamientos a su reciente expansión.

Las universidades públicas se han moviliza- do otra vez, este año, por reclamos salariales para los docentes, por un lado, y por el pedido de aumento en las partidas presupuestarias, por el otro, en función del significativo incremento de tarifas de servicios y la reasignación de partidas previamente otorgadas. Al mismo tiempo, algunas voces con presencia en los medios masivos de comunicación han reeditado la discusión sobre la necesidad y la legitimidad de un sistema universitario como el argentino, marcado por su carácter público, gratuito y de libre acceso. En algunos casos, el cuestionamiento ha recorrido caminos hasta entonces inexplorados por esta línea de pensamiento, llegando a postular la irrelevancia de las instituciones universitarias para las sociedades actuales.

Un razonamiento insólito como éste no se ha desplegado en el vacío, sino en el marco de la reciente expansión del sistema público de universidades, que ha despertado desconfianza en algunos núcleos de opinión. Por eso, la sanción del ingreso irrestricto a la universidad, a partir de la Ley No 27204 de 2015, ha generado controversias, al punto de que un fallo del juez federal Pablo Cayssials la ha considerado inconstitucional. Los artículos de aquella normativa, que viene a reformar la Ley de Educación Superior No 24195 vigente desde 1995, establecen que todo estudiante que termine la escuela secundaria tiene derecho a la educación superior, siendo el Estado el garante de ese derecho. En su letra, la norma establece que, además de garantizar el acceso, “este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo, excluyente o discriminador”.
La controversia sobre el derecho a la educación en el nivel superior y sobre la legitimidad de la expansión de la oferta de las universidades nacionales, no debería soslayar que la creación de instituciones universitarias no ha sido un rasgo exclusivo de la gestión gubernamental del Frente para la Victoria y que tal expansión ha tenido un impacto democratizador, transversal a territorios y grupos sociales.

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