¿Cuánto gastan las familias en educación?
El Observador, dossier del Observatorio Educativo de UNIPE, edita en su primer número un informe acerca del gasto educativo. ¿Quién paga la educación? ¿Cuánto del presupuesto destinan las familias a este rubro? ¿Por qué el porcentaje es bajo? Las políticas públicas y la mayor inversión educativa por parte del Estado brindan explicaciones a estos y otros interrogantes.
A primera vista, suena a poco. Un promedio del 5% del presupuesto familiar en educación parecería no alcanzar para educar a los chicos. Es el Estado quien afronta la mayor parte: destina buena parte de su PIB en educación, y esta proporción ha ido en aumento mientras que aquella de las familias se ha mantenido. El alto componente público del gasto educativo permite explicar este bajo promedio privado, de modo que no debe atribuirse al orden de prioridades de las familias.
Pero, así como no todas las familias gastan lo mismo en educación y el 5% es solo un promedio (familias numerosas o con hijos en escuelas privadas, por ejemplo, gastan más que ese promedio), el Estado no destina únicamente su inversión a las escuelas de gestión pública sino que también en gran parte subsidia la oferta privada de educación.Público y privado son entonces complementarios, aunque a veces el gasto privado actúa suplantando el déficit estatal en lugares donde el Estado todavía “no llega”.
El informe recoge los datos aportados por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares implementada por el INDEC, que se realiza cada 10 años desde la década del ochenta. Revisa la composición del gasto familiar, los gastos de las familias que viven en zonas urbanas, según la edad de las personas que asisten a un establecimiento educativo, y el nivel socioeconómico. Compara también con el nivel de gasto privado en otros países de la región, dando cuenta el alto porcentaje de gasto público que compone la inversión educativa total.
Una lectura atenta de estos datos enriquece la discusión sobre lo público y lo privado, sobre la gestión escolar, informa dónde es necesario un mayor esfuerzo, ayuda a pensar cómo se recauda ese ingreso, alimentando así la construcción de una agenda pública que ponga atención a que la inversión educativa genere mayor equidad, en tanto es el Estado (y no las familias) quien debe garantizar el ejercicio de este derecho.
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